Derecho de Familia y Sucesiones

Unión convivencial: atribución de los bienes en caso de ruptura. Un fallo significativo.

El reconocimiento de la unión convivencial como reconocimiento de nuevas estructuras familiares, trazado por la importante reforma que tuvo nuestro Código Civil en el año 2015, respondió a una gran necesidad de evolución frente a lo que se ha denominado la «democratización de la familia», en tanto que las uniones de hecho forman realmente una parte importante de las diferentes formas de vivir hoy en familia.

Este reconocimiento de una situación social ha empezado a presentarse también, en las consecuencias económicas de la formación y eventual disolución de una unión convivencial. Ello porque en tanto el Código Civil dejó abierta la posibilidad de que una pareja en unión convivencial decida mediante un acuerdo la forma de atribución de los bienes adquiridos durante la vida en común (art. 513), poco dice, ante la falta de dicho acuerdo y posterior disolución del vínculo.

En este contexto la jurisprudencia (« D. E. c/ A. L. -ordinario- liquidación de sociedad de hecho», Juzgado Civil y de Familia, de Villa María -provincia de Córdoba) entendió que, a partir de que se probara la convivencia, se encontraba probada también la existencia de una sociedad de hecho.

Para llegar a esta decisión se apreció especialmente el hecho de que hubiesen existido aportes económicos de la actora «al conjunto», al momento de adquirir los bienes que se denunciaron. En consecuencia la sentencia ordenó que se realizara una partición de los bienes considerando que habían sido «adquiridos en común», aun cuando el demandado los había puesto exclusivamente a su nombre.

Estas «actuaciones positivas», previstas en algunos tratados internacionales, son muy necesarias para poner en igualdad de condiciones a las partes más vulnerables de cada situación, y tienen que ver no solo con la forma en que se resuelve el fondo de la cuestión, sino también con el tratamiento que merece el planteo de la parte más vulnerable durante el planteo judicial, en cuanto a reglas referidas a la carga de la prueba, presunciones, sanciones procesales por malicia en su caso, etcétera.

Finalmente, no podemos dejar de señalar que esta sentencia, en donde el ex conviviente había pretendido desapoderar a la mujer de cualquier bien adquirido durante la vida en común, tildando dicha vida como de “amistad”, “vínculo de amantes” y otros intentos peyorativos, se enmarca claramente en los términos del artículo 33 de la Ley 26.485 que condena todo tipo de violencia contra la mujer. En el artículo 4to. de esta norma dicha agresión es definida como «toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basada en un relación desigual de poder, «afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal».

Celebramos el dictado de este precedente que toma en cuenta la situación de la parte más vulnerable y acciona positivamente para restablecer el equilibrio y la justicia.

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