Derecto Tributario

Impuesto sobre la renta financiera: o como perder de vista el principio de capacidad contributiva.

Sobre el cierre del año 2018, el impuesto a la renta financiera incluido en la Reforma tributaria de enero de ese año, encontró su reglamentación. El dictado de esta nueva norma, un largo y complejo decreto de 68 páginas, se presenta entonces como una oportunidad para destacar algunas cuestiones de este gravamen.

Para ello recordemos que este tributo se aplicará a un espectro muy amplio de rentas pasivas, que va desde ganancias por los plazos fijos o el cobro de alquileres hasta la compra de bonos emitidos por el Estado nacional o provincial, en pesos y en dólares. La alícuota es del 5 o 15% según el tipo de inversión.

El primer cuestionamiento que vemos con relación a este impuesto es que se aplica sobre utilidades nominales y que como tales, pueden no ser reales. Es decir, que puede tratarse de rentabilidades ficticias. Y lamentablemente, así sucede, ya que como es sabido, durante el año 2018 Argentina tuvo un índice de inflación cercano al cincuenta por ciento, siendo un hecho que, semejante fenómeno inflacionario produjo un contundente deterioro en el poder adquisitivo de la moneda, que en la mayoría de los casos no logró ser compensado por las eventuales actualizaciones de los salarios, o de los haberes jubilatorios.

Ahora bien, si a eso agregamos, que las colocaciones financieras que un trabajador o un jubilado pueda tener en títulos públicos, o en un simple plazo fijo, son gravadas con un impuesto de entre el 5% y el 15%, se advierte que se estarían gravando rentas ficticias.

Esto nos lleva entonces a llamar la atención sobre la confiscatoriedad del impuesto, supuesto que prohíbe el orden normativo en correlación con la protección al derecho de propiedad que consagra la Constitución Nacional, y en virtud de lo cual, según jurisprudencia de la Corte Suprema, se produce una afectación sustancial de la rentabilidad o el capital, sujeto al gravamen (Fallos: 242:73; 268:57; 314:1293, entre otros).

La dinámica con que se ha diseñado este impuesto resulta ser un claro y triste ejemplo de cómo un gravamen que en un plano teórico puede responder a una concepción más distributiva de las cargas públicas -¿quién se opondría a que los rendimientos financieros, y especialmente especulativos, tributen con un específico impuesto?-; se desvirtúa hasta tornarse en un impuesto regresivo, confiscatorio, y contrario al principio de equidad. Ello porque la afectación del derecho de propiedad y confiscatoriedad del impuesto, no se vería compensada por los mecanismos que contiene el llamado “impuesto a la renta financiera” para morigerar su impacto.

En este sentido, la estipulación de un mínimo no imponible tal como prevé la norma, en la reducida suma de $67.000, resulta ser un importe que no sólo se ve exiguo sino que tampoco distingue origen de las rentas, ni situación diferenciada de contribuyentes y que consecuentemente, afecta todo principio de equidad. Este es otro aspecto a cuestionar con relación al tributo.

Como ejemplo de lo expresado, cabe considerar que una persona con un plazo fijo de más de $160.000 ya estaría tributando, tomando en cuenta que la tasa de interés para esa inversión es de 42% anual (inferior por cierto, a la inflación del año 2018).

También se vería afectado el principio de capacidad contributiva, que es la capacidad económica que tiene una persona para asumir un impuesto y, y que es parte del fundamento de toda imposición. Esta garantía resulta amenazada por este gravamen, en muchos caso. Por ejemplo, si consideramos:¿qué exteriorización de capacidad contributiva está haciendo el jubilado que pone parte de sus ingresos en un plazo fijo, para con el derivado de esta colocación, poder llegar a fin de mes?. Otro supuesto; ¿qué capacidad contributiva se manifiesta ante el trabajador que compra con su indemnización por despido títulos públicos, procurando así, generar una mera actualización de los fondos con que cuenta para vivir?.

Los supuestos son múltiples.

Además de que serán múltiples las dificultades de administración fiscal - con sus costos de asesores y contadores- que un tributo con estas características sumará a las personas de existencia real.

Abogamos entonces para que si no es en el plano legislativo y/o administrativo que estas inconsistencias sean resueltas, lo sean por la vía judicial, donde los contribuyentes podrán finalmente defender sus derechos.

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