Derecto Tributario Derecho del Trabajo y la Seguridad Social

Contribuciones a la Seguridad Social:
ser o no ser PyME, esa es la cuestión.

La condición de PYME de una empresa o actividad, determina -entre otras responsabilidades- los porcentajes que esa empresa debe aportar con destino al SUSS (Sistema Único de Seguridad Social).

Hasta la reforma instrumentada por la Ley 24.730, las empresas que calificaban como PYME debían emplear en sus liquidaciones previsionales la alícuota del 17%, conforme lo establece el inc. b) del art. 2º del Decreto 814/01 y, las que no encuadraran en tal condición, debían aplicar la alícuota del 21% prevista en el inc. a) de dicha norma.

Pese a la falta de actualización durante años del monto que permitían calificar o no como PYME -monto establecido en el decreto 1009/01 en la suma de $ 48.000.000- prevaleció éste en el criterio de AFIP, como elemento diferenciador y en virtud del cual todo empleador encuadrado en los sectores “servicios” o “comercio” cuyas ventas totales anuales superen los $48.000.000 debía tributar a la alícuota 21%”.

En la vereda contraria, desde una postura que suscribimos, se interpretó que la definición de PYME a los fines del beneficio surgía de la integración  de dos normas: el Decreto Nº 814/01 y la Resolución (SPyME) Nº 24/01 y sus modificatorias, normativa esta última que sí había sido objeto de actualización.

En este contexto, múltiples y significativos litigios llegaron a lo largo de años para ser resueltos por la Cámara Federal de Seguridad Social.

Así fue que ya en el año 2009 en la causa CODIMAT la sala III de la Cámara Federal  hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la empresa y revocó la resolución determinativa dictada por el Fisco Nacional.

Luego de ello, siguieron otros fallos a favor del contribuyente entre los cuales se encuentran “Vía Bariloche SA c/ AFIP” del año 2012 emitido por la sala II, “Toyota Tsusho Arg. SA c/ AFIP” y “Reuteman automotores SA c/ AFIP” del año 2015 emitido por la sala I, entre muchos otros antecedentes.

No obstante, en el año 2017 la sala II de la Cámara cambió de postura, y en los autos caratulados “Arpenta Cambios SA c/ AFIP” resuelve a favor AFIP, echando por tierra lo que dictaba la jurisprudencia mayoritaria, sosteniendo que los parámetros de facturación para considerarse una Pyme era los que dictaba el referido Decreto.

Fue así que dada la falta de unanimidad dentro de la Cámara Federal de Seguridad Social, se solicitó a la Corte Suprema interviniera con el fin de que dictara un fallo rector que fijara qué interpretación correspondía darles a las normas involucradas.

Con fecha 12/12/2017 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se expidió sobre más de veinte causas referidas al tema, rechazando los recursos planteados por la AFIP, por considerarlos “inadmisibles”, en el marco del artículo 280 del Código Procesal. Este artículo permite, al Superior Tribunal, rechazar una apelación, sin esgrimir fundamentos.

Es así que sin pronunciarse sobre el fondo, el “ser o no ser PYME” requiere aún una definición judicial que zanje la controversia, y ponga sensatez frente a indebidas y cuantiosas controversias que deben cargar sobre sus espaldas los contribuyentes, con el incremento exponencial de los intereses y las multas y, en consecuencia, la incertidumbre.

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